PUÑALADA A LA JUSTICIA

Hoy, el Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación. Con ello se ha llevado por delante a la razón, la justicia y la democracia; propiciando el triunfo de las sombras franquistas que aún sobrevuelan este país. Esta sentencia nos deja en ridículo en el panorama internacional, ya que se trata de la condena a un juez que se atrevió a mirar atrás y tratar de devolver algo de dignidad a las víctimas de la dictadura.

Sí, es cierto, la condena ha sido por las escuchas "ilegales" realizadas en prisión a los encausados por la trama "Gürtel" y sus abogados. Sin embargo, ¿alguien duda de que es el clavo ardiendo al que se han agarrado los airados enemigos del magistrado para acabar con su carrera? Garzón se ha visto en el banquillo por tres causas diferentes y, curiosamente, el fiscal ha solicitado en todas su absolución. Todavía está por ver el resultado de los otros dos juicios, pero cabe pensar que una condena directa por la acusación del "sindicato" "Manos Limpias" de remover el pasado dictatorial español, sería demasiado escandalosa a nivel nacional e internacional.

Es más sutil conseguir la inhabilitación por estas escuchas, un tema controvertido, sobre el que nada es tan claro como parece. Para empezar, se acordó realizar las escuchas como único recurso para evitar que los presos continuasen delinquiendo a través de sus letrados. Policías y el propio juez testificaron que esta era la única solución para impedir que continuase el blanqueo de dinero realizado por los acusados, así como que las intervenciones serían en las comunicaciones entre los susodichos y sus letrados, no en las de los abogados. Las escuchas fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, por las fiscales anticorrupción y por el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal de dicho tribunal madrileño.

Según el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, se contempla la intervención de las comunicaciones del investigado con su letrado, cuando haya indicios de participación del mismo en el acto delictivo. Es cierto que este proyecto ha caído, pero además el Supremo lo rechaza por la inexistencia de indicios contra los letrados, pese a las declaraciones de policías miembros de la investigación. El fiscal presentó un recurso contra la querella en el que argumentaba que la intervención de las comunicaciones había contado con la autorización judicial necesaria y, además, había proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales.

Como último detalle existen varios casos similares a este en la jurisprudencia española, siempre resueltos con la anulación de las pruebas, pero nunca con el juicio al magistrado. El comportamiento de Garzón parece irreprochable, al tratar de impedir con las susodichas escuchas algo tan lógico, como es que continuara el blanqueo de capital iniciado por los detenidos. El mismo Garzón declaro que los abogados eran parte nuclear de la trama. Por otra parte, si se decide sancionar ese uso, en otros casos  se ha considerado suficiente excluir las grabaciones del conjunto de pruebas, por lo que el castigo en este caso se antoja desproporcionado.

Con la sentencia de hoy, se pone en evidencia la independencia del poder judicial en España, ya cuestionado desde dentro y fuera del país. Amparada en una ley de Amnistía que no debería ni existir, la ultraderecha española ha luchado con ahínco para evitar la condena y el juicio a los protagonistas de la época más oscura de este país. Hoy estarán descorchando champán y brindando por haber acabado con la carrera de un hombre con el coraje y la valentía suficiente para plantarles cara, mientras que buena parte de la ciudadanía no sabe en que puede confiar ya.

La figura del juez Garzón siempre ha sido objeto de controversia, entre todos los sectores, de izquierdas y de derechas. Se le ha tachado de oportunista y protagonista, de extralimitarse y prevaricar. Seguramente, como todos, habrá cometido errores y, si alguno es sancionable en base a la ley, debería ser castigado, pero no por unas causas tan falsas. Por unas acusaciones tan faltas de argumentos. No por tratar de llevar a los tribunales a los criminales más protegidos e intocables, aquellos con los crímenes más atroces.

Por una justicia independiente, igualitaria, libre y, aunque resulte redundante, justa. Manifestación de apoyo al juez Garzón y la independencia del poder judicial, domingo 12 de febrero a las 12 horas, frente al Tribunal Supremo